Es bastante normal que se haga alusión a los derechos y los beneficios que suponen ser empleado público de las diversas administraciones públicas, pero en pocas ocasiones se concretan estos datos. Los empleados públicos, como es el caso del administrativo en corporaciones locales, son los que se desempeñan para un entidad que pertenece a cualquiera de las administraciones que integran el Estado español, incluidas las autonómicas y locales.
Hay cuatro tipos de funcionarios públicos: los de carrera, ligados a la Administración con carácter permanente; los interinos, contratados por razones de urgencia y necesidad para llevar a cabo un proyecto de duración concreta o aquellos a los que se recurre por un periodo de entre 6 meses y un año como colaboración por acopio momentáneo de tareas. Además está el denominado personal laboral, con el que se firma un contrato laboral de los estipulados en la legislación actual, y el personal interino, conocido como cargos de confianza con una duración concreta para tareas de asesoramiento concretas. Los dos últimos no reciben ningún nombramiento por parte del poder público.
En relación a los derechos como trabajador más significativos de que goza se encuentran la movilidad, los permisos y las excedencias.
En principio, se puede hacer traslado forzoso a cualquier sitio del país, pero se dará primacía a la voluntariedad.
En general se salvaguardan sobre todo los derechos procedentes de la maternidad o paternidad y los relacionados con asistencia de personas a su mando, existiendo gran diversidad de permisos a los que poder acogerse.
Por otro lado, podrán ampararse en las excedencias por un tiempo límite de 3 años continuados.
Respecto a los deberes, como personal público, los funcionarios están bajo un régimen disciplinario demasiado estricto y meticulosamente detallado. Todas las faltas en el cumplimiento de estas normas conllevan sanciones, que de acuerdo a la gravedad pueden terminar en la pérdida de su condición.
Todos los postulantes de una oposición barajan estas condiciones a la hora de acometer la decisión de invertir el tiempo y trabajo que demanda su preparación para acceder a esos cargos de la función pública.
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